La Paz, 31 de ago (Vasquezpress).- El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó ayer a penas de entre tres y 15 años de cárcel a dos ministros y cinco jefes militares del segundo mandato presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por los sucesos luctuosos de octubre de 2003, acusados del delito de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta.
El presidente de tribunal que juzgó el caso, Ángel Irusta, leyó ayer las condenas, tras seis días de debate en el que los miembros del Tribunal definieron las penas contra los acusados del caso conocido como "octubre negro".
El fallo judicial por la muerte de 65 personas durante los hechos violentos de 2003 no contentó a ninguna de las partes, aunque los familiares de las víctimas –que se encontraban en las afueras del tribunal de justicia– celebraron que finalmente, luego de más de dos años de juicio, se dictara la condena.
Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de prisión, acusados de complicidad en el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".
Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.
Todos los exjefes militares fueron sentenciados por el delito "de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".
El tribunal determinó que todos cumplan su condena en el penal de Sucre, adonde fueron conducidos ayer tras la lectura de las sentencia.
Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado, quien huyó del país a Estados Unidos tras ser depuesto por la revuelta popular que se oponía a la exportación de gas natural por Chile, no fue incluido en esta fase procesal de sentencias, pues se halla en trámite el pedido de extradición desde noviembre de 2008.
El juicio también quedó en suspenso para los otros ocho exministros de Sánchez de Lozada que están asilados, refugiados o residen en Estados Unidos, Perú y España, hasta que se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
El fiscal general, Mario Uribe, expresó su satisfacción por el fallo porque consideró que "se ha hecho justicia con las 65 personas fallecidas y los más de 450 heridos", aunque el Ministerio Público, así como la acusación particular, pidieron una condena de 25 años de cárcel para los siete procesados, apelando al concurso de varios delitos.
El Tribunal condenó a prisión a los siete acusados únicamente por el delito de genocidio.
"Es importante la sentencia para el Ministerio Público porque permite seguir trabajando para que el resto de los acusados se hagan presentes ante la justicia boliviana y sean procesados en juicio oral para la imposición de la pena respectiva", agregó.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, que llegó a Sucre para presenciar la lectura de sentencia, destacó la conclusión del juicio y agregó que será importante "insistir en cuanto a la próxima etapa para que haya reparación para las víctimas de estos hechos trágicos".
Racicot dijo que este juicio no es el más largo en la historia judicial de Bolivia (después de ocho años), pero considera que en el nivel técnico ha exigido más evidencias documentales.
Los Tiempos..
No hay comentarios:
Publicar un comentario