Ojalá Luís Arce Gómez diga lo que sabe sobre los
crímenes de la dictadura de 1980
Por: José Quispe Vasquez (*)
Luís Arce Gómez, ex ministro del Interior de la dictadura narco-fascista de 1980, en la que tuvo corresponsabilidad con Luís García Meza, como éste debe cumplir 30 años de prisión en Chonchocoro (a 30 kilómetros de La Paz), sin derecho a indulto, aunque su salud la tenga quebrantada y más allá de que acaba de purgar otra condena en Estados Unidos, por narcotráfico, país del que fue devuelto al nuestro.Y aguardamos que serán esfuerzos fallidos los recursos que intenten sus abogados (revisión del proceso, cambio de prisión y/o rebaja de pena), de acuerdo a la sentencia y a la jurisprudencia, y si los jueces aplican la ley sin torcerla.
Sin embargo, cabe tener en cuenta las opiniones preliminares acerca del retorno del otrora dictador, por cuyo oficio policial y comportamiento autoritario mereció más de una sanción, lo que es necesario que se difunda, especialmente, para conocimiento de las nuevas generaciones las que no vivieron (mejor que así haya sido) aquella dictadura en la que Arce Gómez recomendó que quienes participábamos de la resistencia al fascismo de ese tiempo debíamos caminar con el testamento bajo el brazo, es decir, teníamos que estar dispuestos a que la policía política acabe con nuestras vidas.
Se destaca que con la llegada de ese reo sentenciado gana la democracia, el pueblo boliviano y los familiares de las víctimas. Aquéllos incluso tienen la esperanza de que sería posible que se revelen secretos y se encuentren los restos de los desaparecidos, que suman 26, por acción condenable de la última dictadura.
Algunos compatriotas han sido conmovidos por la apariencia del ex dictador, al que en la televisión se lo ve como un anciano que apenas camina con bastón o en silla de ruedas, que padece varias enfermedades (próstata, diabetes y que tuvo derrame cerebral). A ello se deben agregar sus 71 años. Poco antes de la redacción de esta nota, por ejemplo, y según medios de difusión paceños, el abogado suyo dijo que su defendido necesitaba atención médica de urgencia, y un presentador de noticias añadió que se abre la posibilidad de que el ex ministro del Interior informe sobre hechos luctuosos de ese tiempo de dictadura.
Asimismo, los entonces agentes civiles, policías y militares que, de acuerdo a lo que se conoce, tendrían responsabilidad directa o indirecta en aquellos crímenes de lesa humanidad (que ofenden a la humanidad y que pueden ser juzgados mientras vivan los presuntos autores), han acentuado sus temores (reales o fingidos) por lo que algunos de ellos anuncian que se irán del país. No faltan los que pretenden vender información sobre esos crímenes. Nada de eso es nuevo.
Si se leyeran archivos secretos de las Fuerzas Armadas cuando menos conoceríamos, con precisión, los nombres de los militares y civiles que participaron del operativo golpista del 17 de enero de 1980, los que fueron dirigidos por Luís Arce Gómez, desde el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, como se recuerda las últimas horas. Y quizá un día los bolivianos sepamos qué hizo realmente el gobierno de Jaime Paz Zamora para capturar al reo recién llegado; ex gobernante que se atribuye todos los méritos de ese operativo, a pesar de que se propaga que otros servicios facilitaron la información para ese apresamiento, la que no buscaba el gobierno de entonces.
Sin embargo, cabe tener en cuenta las opiniones preliminares acerca del retorno del otrora dictador, por cuyo oficio policial y comportamiento autoritario mereció más de una sanción, lo que es necesario que se difunda, especialmente, para conocimiento de las nuevas generaciones las que no vivieron (mejor que así haya sido) aquella dictadura en la que Arce Gómez recomendó que quienes participábamos de la resistencia al fascismo de ese tiempo debíamos caminar con el testamento bajo el brazo, es decir, teníamos que estar dispuestos a que la policía política acabe con nuestras vidas.
Se destaca que con la llegada de ese reo sentenciado gana la democracia, el pueblo boliviano y los familiares de las víctimas. Aquéllos incluso tienen la esperanza de que sería posible que se revelen secretos y se encuentren los restos de los desaparecidos, que suman 26, por acción condenable de la última dictadura.
Algunos compatriotas han sido conmovidos por la apariencia del ex dictador, al que en la televisión se lo ve como un anciano que apenas camina con bastón o en silla de ruedas, que padece varias enfermedades (próstata, diabetes y que tuvo derrame cerebral). A ello se deben agregar sus 71 años. Poco antes de la redacción de esta nota, por ejemplo, y según medios de difusión paceños, el abogado suyo dijo que su defendido necesitaba atención médica de urgencia, y un presentador de noticias añadió que se abre la posibilidad de que el ex ministro del Interior informe sobre hechos luctuosos de ese tiempo de dictadura.
Asimismo, los entonces agentes civiles, policías y militares que, de acuerdo a lo que se conoce, tendrían responsabilidad directa o indirecta en aquellos crímenes de lesa humanidad (que ofenden a la humanidad y que pueden ser juzgados mientras vivan los presuntos autores), han acentuado sus temores (reales o fingidos) por lo que algunos de ellos anuncian que se irán del país. No faltan los que pretenden vender información sobre esos crímenes. Nada de eso es nuevo.
Si se leyeran archivos secretos de las Fuerzas Armadas cuando menos conoceríamos, con precisión, los nombres de los militares y civiles que participaron del operativo golpista del 17 de enero de 1980, los que fueron dirigidos por Luís Arce Gómez, desde el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, como se recuerda las últimas horas. Y quizá un día los bolivianos sepamos qué hizo realmente el gobierno de Jaime Paz Zamora para capturar al reo recién llegado; ex gobernante que se atribuye todos los méritos de ese operativo, a pesar de que se propaga que otros servicios facilitaron la información para ese apresamiento, la que no buscaba el gobierno de entonces.
No basta la promesa de Arce Gómez para concluir en que éste confesará lo que sabe para esclarecer, entre otros, el asesinato de Luís Espinal Camps, la primera víctima de los dictadores de 1980; el estallido de una bomba en El Prado de La Paz, que segó la vida de dos personas (niño uno de ellos); los 26 compatriotas desaparecidos (Marcelo Quiroga Santa Cruz y Juan Carlos Flores Bedregal, entre otros); crímenes cometidos durante la dictadura narco-fascista o por mandato de los ex dictadores, como actos preparatorios del golpe de estado.
En esa dirección, se necesitan los nombres de los autores intelectuales y materiales de esos delitos porque algunos de aquéllos siguen sueltos en el país. La investigación sobre esos crímenes que realizan los familiares de los desaparecidos cerca de 30 años, con un rosario de dificultades, tiene que seguir hable o no el nuevo reo de Chonchocoro. Investigación que quizá sea facilitada si se materializa la promesa de los militares de abrir sus archivos secretos, aunque no se debe perder de vista las señales contradictorias que se advierten entre lo que dicen y lo que hacen algunos de los uniformados.
Esa investigación debe continuar por cuenta de los compatriotas señalados porque tan delicada labor no se debe confiar a los que aunque sólo sea por omisión se complicaron con los delitos gravísimos denunciados. Además, se corre el riesgo de que Arce Gómez calle o entregue pistas falsas, como cuando tuvo la crueldad de entregarle a su viuda restos humanos que no eran los de Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Y si aquél dijera la verdad sólo ayudaría a una averiguación que es gigantesca. Ojalá hablara Arce Gómez, pero un tramposo oficial de inteligencia, asistido por abogados, tiene más pretextos para el silencio que para esclarecer acciones punibles. Incluso sus enfermedades y hasta una real o inventada demencia senil acaso le sirvan para encubrir, como sucedió los casi últimos 30 años.
Respecto de los recursos que utilizaría el nuevo reo de Chonchocoro, un ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que con otros magistrados le tocó juzgarlo ha dicho, para medios de difusión, que aquél tiene entre sus manos uno de revisión de la condena, que autoriza el nuevo Procedimiento Penal, para lo que alegaría que fue procesado sin estar presente en el juicio.
La contrapartida, sin embargo, es que se abriría un espacio, dentro de aquel proceso, para que aquel condenado haga alguna confesión. Sin embargo, recordemos que el momento del juicio, Arce Gómez, estuvo impedido de concurrir a él porque fue entregado a la justicia de Estados Unidos, por decisión del gobierno del MIR en alianza con el banzerismo, medida por la que tendría que responder Jaime Paz Zamora, como no lo hizo hasta este momento.
Ante sus enfermedades, la prisión para Arce Gómez en un cuartel militar es otra posibilidad, lo que también es descartable porque la sentencia establece que para él no habrá indulto, es decir, no será perdonado ni siquiera en parte.
Además, no hay razón alguna para desechar posibles maniobras judiciales del ex dictador y de sus abogados. Ahora, sin decirlo expresamente, parece pedir la clemencia que nunca tuvieron los dictadores en Bolivia y en otros lugares. En Viacha murió, en una prisión política de Banzer, Roberto Alvarado Daza, dirigente del Partido Comunista de Bolivia por falta de atención médica oportuna y porque allí se carecía de medicamentos.
Los dictadores de 1980 no tuvieron ninguna actitud “humanitaria”, como se espera estos días de Arce Gómez. Éste tiene un prontuario que lo ubica como a un policía de primera línea de una dictadura que, con maldad incluida, tenía como misión impedir que el pueblo boliviano protagonice su segunda y definitiva intendencia.
Por esto último compartimos un criterio de Carlos Soria Galvarro Terán de su artículo: “Para un prontuario del recién llegado”, publicado en el matutino La Razón (LP-10-VII-09), pero al que mutilaron la parte que citamos, en el que sostiene que los dictadores de 1980 pretendieron que los bolivianos, a sangre y fuego, nos convenzamos de que “necesitábamos su tutela”.
Intento que seguimos con Soria Galvarro “representaba la conjunción de la doctrina estadounidense del enemigo interno, las fronteras ideológicas y la seguridad nacional, los resabios nazis y la presencia de militares sin principios, inescrupulosos y ávidos de poder.
En otras palabras, García Meza y Arce Gómez eran la continuación agónica del modelo banzerista que asoló el país entre 1971 y 1978”.
Y las víctimas de esas dictaduras cayeron precisamente porque lucharon, en una y otra trinchera, contra esas dictaduras militares y fascistas, las que trataron de mantener sometidas a Bolivia y a nuestra América a un sistema de dominación del que, en varios países de la región, empezamos a liberarnos por acción de nuestros pueblos.
Identificar a los autores del asesinato de Espinal y de los que hicieron estallar la bomba en El Prado de La Paz que mató a dos personas, encontrar a los desparecidos (para lo que podrían ayudar los datos que entregaría Arce Gómez), serían actos de justicia, resarcimiento a los familiares y a nuestro pueblo y, por cierto, una manera de evidenciar el aporte de aquellos compatriotas al proceso liberador de esta patria nuestra, en la que se espera que los dictadores investigados, procesados y castigados (según las leyes), purguen sus culpas, lo que jamás debe considerarse una venganza, como dicen los militantes de los derechos humanos en nuestro país.
Si realmente el pueblo boliviano debería reflexionar y no pasar esto en inmune, que actualmente el ex - presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada sigue en E.E. U.U. Dando el gobierno Norte Americano asilo es hora que también debe ser repatriado al territorio boliviano para que pague los sucesos en su año de gobernante del 2003 el los hechos de febrero rojo y octubre negro que dejo mas 80 personas asesinadas y heridos en el pueblo paceño y alteño pide justicia y hacer cumplir los 30 años de cárcel e indulto en la carretera a viacha en las penitenciarias de chonchocoro. ¡ viva el pueblo boliviano! y mueran estos neoliberales partidistas que hicieron tanto daño a nuestro país.
En esa dirección, se necesitan los nombres de los autores intelectuales y materiales de esos delitos porque algunos de aquéllos siguen sueltos en el país. La investigación sobre esos crímenes que realizan los familiares de los desaparecidos cerca de 30 años, con un rosario de dificultades, tiene que seguir hable o no el nuevo reo de Chonchocoro. Investigación que quizá sea facilitada si se materializa la promesa de los militares de abrir sus archivos secretos, aunque no se debe perder de vista las señales contradictorias que se advierten entre lo que dicen y lo que hacen algunos de los uniformados.
Esa investigación debe continuar por cuenta de los compatriotas señalados porque tan delicada labor no se debe confiar a los que aunque sólo sea por omisión se complicaron con los delitos gravísimos denunciados. Además, se corre el riesgo de que Arce Gómez calle o entregue pistas falsas, como cuando tuvo la crueldad de entregarle a su viuda restos humanos que no eran los de Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Y si aquél dijera la verdad sólo ayudaría a una averiguación que es gigantesca. Ojalá hablara Arce Gómez, pero un tramposo oficial de inteligencia, asistido por abogados, tiene más pretextos para el silencio que para esclarecer acciones punibles. Incluso sus enfermedades y hasta una real o inventada demencia senil acaso le sirvan para encubrir, como sucedió los casi últimos 30 años.
Respecto de los recursos que utilizaría el nuevo reo de Chonchocoro, un ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que con otros magistrados le tocó juzgarlo ha dicho, para medios de difusión, que aquél tiene entre sus manos uno de revisión de la condena, que autoriza el nuevo Procedimiento Penal, para lo que alegaría que fue procesado sin estar presente en el juicio.
La contrapartida, sin embargo, es que se abriría un espacio, dentro de aquel proceso, para que aquel condenado haga alguna confesión. Sin embargo, recordemos que el momento del juicio, Arce Gómez, estuvo impedido de concurrir a él porque fue entregado a la justicia de Estados Unidos, por decisión del gobierno del MIR en alianza con el banzerismo, medida por la que tendría que responder Jaime Paz Zamora, como no lo hizo hasta este momento.
Ante sus enfermedades, la prisión para Arce Gómez en un cuartel militar es otra posibilidad, lo que también es descartable porque la sentencia establece que para él no habrá indulto, es decir, no será perdonado ni siquiera en parte.
Además, no hay razón alguna para desechar posibles maniobras judiciales del ex dictador y de sus abogados. Ahora, sin decirlo expresamente, parece pedir la clemencia que nunca tuvieron los dictadores en Bolivia y en otros lugares. En Viacha murió, en una prisión política de Banzer, Roberto Alvarado Daza, dirigente del Partido Comunista de Bolivia por falta de atención médica oportuna y porque allí se carecía de medicamentos.
Los dictadores de 1980 no tuvieron ninguna actitud “humanitaria”, como se espera estos días de Arce Gómez. Éste tiene un prontuario que lo ubica como a un policía de primera línea de una dictadura que, con maldad incluida, tenía como misión impedir que el pueblo boliviano protagonice su segunda y definitiva intendencia.
Por esto último compartimos un criterio de Carlos Soria Galvarro Terán de su artículo: “Para un prontuario del recién llegado”, publicado en el matutino La Razón (LP-10-VII-09), pero al que mutilaron la parte que citamos, en el que sostiene que los dictadores de 1980 pretendieron que los bolivianos, a sangre y fuego, nos convenzamos de que “necesitábamos su tutela”.
Intento que seguimos con Soria Galvarro “representaba la conjunción de la doctrina estadounidense del enemigo interno, las fronteras ideológicas y la seguridad nacional, los resabios nazis y la presencia de militares sin principios, inescrupulosos y ávidos de poder.
En otras palabras, García Meza y Arce Gómez eran la continuación agónica del modelo banzerista que asoló el país entre 1971 y 1978”.
Y las víctimas de esas dictaduras cayeron precisamente porque lucharon, en una y otra trinchera, contra esas dictaduras militares y fascistas, las que trataron de mantener sometidas a Bolivia y a nuestra América a un sistema de dominación del que, en varios países de la región, empezamos a liberarnos por acción de nuestros pueblos.
Identificar a los autores del asesinato de Espinal y de los que hicieron estallar la bomba en El Prado de La Paz que mató a dos personas, encontrar a los desparecidos (para lo que podrían ayudar los datos que entregaría Arce Gómez), serían actos de justicia, resarcimiento a los familiares y a nuestro pueblo y, por cierto, una manera de evidenciar el aporte de aquellos compatriotas al proceso liberador de esta patria nuestra, en la que se espera que los dictadores investigados, procesados y castigados (según las leyes), purguen sus culpas, lo que jamás debe considerarse una venganza, como dicen los militantes de los derechos humanos en nuestro país.
Si realmente el pueblo boliviano debería reflexionar y no pasar esto en inmune, que actualmente el ex - presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada sigue en E.E. U.U. Dando el gobierno Norte Americano asilo es hora que también debe ser repatriado al territorio boliviano para que pague los sucesos en su año de gobernante del 2003 el los hechos de febrero rojo y octubre negro que dejo mas 80 personas asesinadas y heridos en el pueblo paceño y alteño pide justicia y hacer cumplir los 30 años de cárcel e indulto en la carretera a viacha en las penitenciarias de chonchocoro. ¡ viva el pueblo boliviano! y mueran estos neoliberales partidistas que hicieron tanto daño a nuestro país.
Periodista Independiente (*)
Foto:http://radioatipiri.blogspot.com/ (Luis Arce Gómez)
Foto: Marcelo Quiroga - Luis Espinal)
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