La Paz, 5 de Dic. (Boliviapress).- El juez Quinto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, Daniel Espinar, resolvió este lunes otorgar libertad pura y simple al ciudadano peruano y refugiado político, José Antonio Cantoral, luego que las investigaciones realizadas determinaran que no existe ningún tipo de prueba que lo incrimine en los delitos de narcotráfico y terrorismo, por los que fue imputado.
Cantoral, quién fue detenido el 1 de agosto en la oficina de un centro de nivelación académica que él dirigía en la ciudad de El Alto, fue presentado públicamente por el ahora exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, acusado de narcotráfico y posteriormente de terrorismo.
En aquella presentación la exautoridad pidió a la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) reunirse de emergencia para decidir por la expulsión de Cantoral, requerimiento que la aludida institución resolvió en 48 horas y dio un plazo de 90 días al refugiado para abandonar el país.
Sin embargo, a dos días para concretarse la expulsión, el 1 de noviembre, la CONARE resolvió dejar sin efecto la resolución y responsabilizó de la decisión asumida a un funcionario intermedio del departamento jurídico del Ministerio de Gobierno, Efraín Dennis Rodas Limachi.
El caso pasó a resolverse en el juzgado ya que la CONARE desistió y lo derivó a los tribunales. Entonces, la mañana de este lunes, luego de un mes de haberse dejado sin efecto la expulsión, el juez Daniel Espinar se inclinó por la libertad pura y simple en favor de Cantoral al concluir que la acusación de la Fiscalía era infundada.
Vulneración de derechos
Según denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la defensa de Cantoral, el Estado boliviano violó leyes nacionales e internacionales.
En el ámbito nacional, el Estado no permitió el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, por el contrario, prevalecieron las acusaciones, que hoy el juez Espinar declara “sin fundamento”.
Se violó el derecho a la protección de la honra y la dignidad de José Antonio porque fue presentado ante la prensa televisiva, escrita y radial como un peligroso delincuente. Dicha presentación fue personalmente dirigida por el Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, con el único objetivo de generar impacto en la noticia, sostuvieron la defensa y la Asamblea de Derechos Humanos.
Entre los artículos vulnerados, presentes en la Convención Americana, están el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales, libertad de pensamiento y de expresión, la igualdad ante la Ley, la protección judicial, entre otros.
Hubo tortura
Bernardo Ortiz, abogado defensor de Cantoral, señaló que “se vulneró el derecho a la integridad personal”, lo que se demuestra con las valoraciones médicas realizadas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI).
“Cantoral fue sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradante por parte de los miembros de la policía que lo trasladaron”, situación que viene siendo investigada por la Defensoría del Pueblo, afirmó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva adelante una investigación para establecer la responsabilidad de los operadores del Estado en el caso Cantoral, en tanto, los familiares exigen un desagravio público por el daño a la imagen y a la honra del ciudadano peruano.
Erbol
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