La Paz, 31 de julio
(Boliviapress).- La Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana y la Ley Contra el Trata y Tráfico fueron promulgadas, este
martes, por el presidente Evo Morales, con el objetivo de endurecer las penas a
los delitos que atenten contra la vida y la integridad física de las personas.
Ambos instrumentos
legales fueron impulsados por el oficialismo ante la creciente inseguridad
ciudadana en Bolivia y los casos de trata y tráfico que se denuncian y no se
resuelven en el país.
La ley del sistema de
seguridad ciudadana, en el criterio del ministro de Gobierno, Carlos Romero,
reemplaza la tesis de la doctrina de seguridad nacional por la de seguridad
ciudadana. Y se constituye en una ley marco que requerirá de otras 12
disposiciones legales.
Uno de sus 14 principios,
determina la “Priorización de la Víctima”; es decir que toda víctima de
inseguridad ciudadana deberá ser tratada con dignidad y en forma prioritaria en
todos los actos de investigación.
Trata
y tráfico
La ley contra la trata y
tráfico de personas incluye la participación de agentes encubiertos y la
grabación de llamadas para las investigaciones como también el patrullaje
cibernético.
“Esta ley tienen tres
ámbitos de protección, prevención, de persecución y sanción y por eso es
integral”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados en Palacio de Gobierno.
El documento ya fue
trabajo desde la anterior gestión legislativa y aprobado en sus dos estaciones
después de la participación de instituciones especializadas en la lucha contra
la trata y tráfico, organizaciones sociales, ministerios, Legislativo, y Órgano
Judicial.
Asimismo, se determina la
creación del Consejo nacional lucha contra la trata y tráfico de personas que
estará conformado con el Defensor del Pueblo, Ministerios que tendrá como
principal labor la elaboración de políticas públicas de prevención. Se contará
con consejos departamentales mediante las gobernaciones y alcaldías.
“Todo contrato que exista
para fuera del país tendrá que ser autorizado por el Ministerio de Trabajo,
entonces no existirán más niños y jóvenes especialmente de nuestras provincias
que sean tratados de forma infrahumana”, explicó.
Contra
la inseguridad
La norma modifica el
Código Penal y sanciona con reclusión de tres a cinco años la evasión o fuga de
quien se encuentre legalmente detenido o condenado, según sus disposiciones finales.
Accidentes de tránsito
“La tesis de la seguridad
ciudadana viene a sustituir a la doctrina de la seguridad nacional, está
dirigida a la protección de los ciudadanos frente al delito”, explicó el
ministro de Gobierno, Carlos Romero. “La seguridad ciudadana está vinculada a
los derechos humanos”, añadió.
La nueva ley de seguridad
ciudadana sanciona con la pena de cárcel desde cinco a ocho años para las
personas que resultaren culpables de accidentes de tránsito donde existieran
víctimas fatales o con lesiones gravísimas.
Actualmente el Código
Penal artículo 261 sanciona con cárcel sólo de uno a tres años a quien resulte
culpable de estos hechos.
“Si el hecho se produjera
estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será
de reclusión de cinco a ocho años y se impondrá al autor del hecho,
inhabilitación para conducir de forma definitiva”, dice la parte final de la
norma.
La Ley modifica además el
Artículo 247 del Código de Procedimiento Penal y determina que las medidas
sustitutivas a la detención preventiva pueden ser revocadas cuando el imputado
incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas, cuando se compruebe que el
imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la
averiguación de la verdad, cuando se inicie en contra del imputado un nuevo
proceso penal por la comisión de otro delito.
Para la ejecución de esta
normativa, el Gobierno ha implementado con la adjudicación de un presupuesto de
casi 2 mil millones de Bolivianos que representa un incremento de 121% en
relación a los 902 mil Bolivianos que se presupuestaron el año 2005.
Uno de sus 14 principios,
determina la “Priorización de la Víctima”; es decir que toda víctima de
inseguridad ciudadana deberá ser tratada con dignidad y en forma prioritaria en
todos los actos de investigación.
Financiamiento
La ley “desarrolla y
extiende las acciones concretas de lucha contra el delito que el Gobierno
nacional ha implementado con la adjudicación de un presupuesto de casi 2 mil
millones de Bolivianos que representa un incremento de 121% en relación a los
902 mil Bolivianos que se presupuestaron el año 2005”.
Determina que las
entidades territoriales autónomas departamentales asignarán como mínimo el 10%
del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH) para seguridad ciudadana, previa
deducción del 30% destinado a la Renta Dignidad.
Estos recursos económicos
serán únicamente invertidos o utilizados en el ámbito territorial departamental
y municipal, respectivamente.
Tecnología
Se implementarán puntos
de servicio de radio taxis autorizados en los lugares de mayor concurrencia que
garanticen a la usuaria o usuario un vehículo conducido por una persona
legalmente registrada y cuyo costo de transporte será regulado.
La Agencia Nacional de
Hidrocarburos implementará un Sistema de Información de Comercialización de
Combustibles, a través de la instalación de tecnología de auto identificación
por radio frecuencias en todas las estaciones de servicio, para poder
identificar automóviles que comentan actos delictivos como contrabando y robo
de autos.
Las empresas prestadoras
de servicios públicos, las entidades financieras bancarias, las entidades
públicas y los centros de esparcimiento público y privado con acceso masivo de
personas instalarán en sus dependencias sistemas de cámaras de seguridad y
monitoreo electrónico para garantizar la seguridad de las personas.
Con la Ley se crearán y
fortalecerán programas de educación, rehabilitación y reinserción social
dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social. El
Ministerio de Educación incorporará en la currícula escolar temas de seguridad
ciudadana y seguridad vial, para promover una nueva cultura de paz y seguridad,
según la norma.
La Ley establece la
creación de Centros de Rehabilitación, Reinserción Social, Reinserción Laboral
Productiva al interior de los recintos penitenciarios del país y, en forma
concurrente con las Entidades Territoriales Autónomas.
Otras Fuentes: http://www3.abi.bo/#
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