La Paz, 15 de agosto (Boliviapress/Oxígeno).- El ministro de Justicia de Chile, Teodoro Ribera, visitará hoy a sus colegas bolivianos, Carlos Romero y Cecilia Ayllón, para coordinar la repatriación de 452 bolivianos, todos presos por narcotráfico quienes se acogieron a un plan de indulto. Ribera declaró que su gobierno está dispuesto a intercambiar las experiencias para reducir el hacinamiento penitenciario y mejorar la seguridad transfronteriza.
“Nos preocupa nuestra frontera con Perú y Bolivia porque se usa la misma para el tráfico de droga entre esos países, a nadie le conviene, ni a Chile ni a Bolivia, ser asociados con el narcotráfico”, dijo el ministro Ribera, en una entrevista exclusiva con el periódico digital Oxígeno.
Ribera llegó a La Paz acompañado del director de Gendarmería, Luis Masferrer, con el fin de ejecutar la segunda etapa de repatriación de reclusos extranjeros que voluntariamente se acogieron al indulto conmutativo.
Este miércoles sostendrá reuniones con sus pares bolivianos para dar a conocer el proceso que el gobierno del presidente Sebastián Piñera aplica para “racionalizar el uso de la cárcel”.
El 2010 se inició un proceso de intervención en el sistema penal de Chile con el fin de mejorar la dignidad de los reclusos de ese país, que tiene la tasa más alta de Latinoamérica de población recluida por cada 100 mil personas.
“Llegamos a la conclusión de que las personas pueden quedarse sin libertad, pero no pueden perder la dignidad”, dijo Ribera para dar a conocer que la intervención ha supuesto respetar los derechos humanos de los reclusos, mejorar la dotación alimentaria, lograr que los policías los resguarden, y, como medida estructural, convertir a la cárcel en el recurso último de castigo por la comisión de un delito.
Racionalización del uso de la cárcel
Con ese nombre, el gobierno de Piñera aplicó una serie de medidas para reducir la población recluida en las cárceles chilenas, donde el 80 por ciento de los reclusos tienen sentencias condenatorias.
“Nos interesa que las personas condenadas se rehabiliten y se reinserten”, dijo el Ministro, quien añadió que ha abierto las puertas de las cárceles para que empresarios se pongan de acuerdo con los reclusos para que elaboren productos, por los que pagan cuando menos el salario mínimo chileno, equivalente a 400 dólares.
Por otro lado, se ha dispuesto que habrá otros castigos antes de enviar a una persona a la cárcel: trabajos comunitarios, brazaletes electrónicos en el brazo o el tobillo o el dormir en el penal.
“La cárcel debe ser la sanción más grave y ese castigo debe incluir rehabilitación”, dijo.
El indulto
Indulto conmutativo es la propuesta del gobierno de Piñera para que en los próximos tres años cuando menos ocho mil personas dejen la cárcel a cambio de cambio de otras penas. Por ejemplo, dejar de ir al penal por las noches, pero aceptar ir a la comisaria a firmar un acta por el doble tiempo de la condena nocturna.
De aquel número, un total de 1.700 son reclusos extranjeros a quienes se les ha propuesto devolverlos a su país, pero con la condición de que no deben retornar a Chile en los próximos 10 años.
La anterior semana se ha cumplido con la primera parte del plan al entregar a reclusos peruanos a las autoridades del gobierno de Ollanta Humala.
Teodoro Ribera dice que el plan de su administración es repatriar a los reclusos bolivianos hasta fines de este mes.
De los 1.700 reclusos extranjeros que pueden someterse al indulto, 805 presos condenados son ciudadanos bolivianos, encerrados principalmente en penitenciarías del norte chileno. El 100 por ciento cayeron por narcotráfico. Todos son mulas.
Ahora bien, del total de bolivianos 564 postularon a la propuesta del gobierno y 452 cumplieron con los requisitos, los que serán entregados a las autoridades bolivianas en la frontera.
“Entregaremos al gobierno boliviano toda la información que tenemos, el listado completo, huellas dactilares, fotografías”, dijo el ministro Ribera, ya que es probable que entre las 451 hayan personas con asuntos pendientes con la justicia en Bolivia.
“A nosotros nos interesa una Bolivia democrática, estable y próspera y para eso se requiere seguridad jurídica para combatir el delito transfronterizo”, declaró el ministro.
En ese sentido, el ministro de Justicia dice que su gobierno está dispuesto a intercambiar las experiencias en materia penitenciaria –“las buenas y malas”_. Por ejemplo, Chile tiene el sistema de identificación de personas, pero no tiene nada sobre asuntos interculturales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario