La Paz, 20 de agosto (Boliviapress/Oxígeno).- La comisión de Política Internacional del Senado aprobó, este martes, la postulación del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti como embajador de Bolivia ante la ONU pese a los cuestionamientos. Ante ello, el coordinador de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, presentó una carta de denuncia para impedir el nombramiento adviertiendo con interponer acciones legales.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y miembro de la comisión de Policía Internacional, Fidel Surco, confirmó la aprobación del plan de trabajo de Llorenti y la remisión del caso al pleno de la Cámara de Senadores para su decisión final. “Aprobamos el informe y ahora está en manos del Senado, no sabemos si el caso será tratado mañana o pasado. La comisión ya concluyó con su labor”, informó Surco.
El informe de aprobación de la designación de Llorenti fue enviada a la presidencia del Senado pasado el mediodía de este martes. Hasta las 12.00 de esta jornada, la presidenta de la comisión, Jimena Torrez había anticipado que la estaba prácticamente dada debido a que la Comisión cuenta con mayoría de representantes del gubernamental MAS que apoya la nominación de Llorenti.
La legisladora dio a conocer sus cuestionamientos hacia la nominación del ex Ministro de Gobierno. Aseguró que el ex activista de los Derechos Humanos estaba vinculado a la represión de la marcha indígena y que ello afectaba en su papel ético, pero que la comisión sólo evaluaría los requisitos técnicos y profesionales, los cuales cumplía en parte.
Ante la nominación, el dirigente indígena Rafael Quispe, protagonista de la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS que fue reprimida en septiembre de 2011 en la gestión de LLorenti, presentó una denuncia ante el presidente Evo Morales para evitar la designación del ex ministro cuestionado.
“Mientras no se subsanen los delitos por los cuales fue involucrado su ex ministro, éste señor no puede ser nombrado como representantes ante organismo internacionales por los funestos antecedentes que tiene y en lugar de huir del país bajo el amparo de su gobierno debe presentarse ante la justicia para respionder por sus actos”, dice parte d la carta entregada a correspondencia de palacio de gobierno la tarde de este martes.
Quispe presentó después de la represión de Chaparina una querella criminal contra Llorenti debido a que su hija fue parte de las víctimas de aquella represión.
La senadora Jimena Torrez sostuvo esta mañana que la única opción para impedir la aprobación de la nominación es la presentación de una denuncia bien fundamentada y documentada que hasta el momento no es de conocimiento del Legislativo.
“Le solicito muy respetuosamente suspender toda nominación o nombramiento como embajador de la ONU al señor Sacha Llorenti , caso contrario se interpondrá las acciones legales correspondientes por su conducta inadecuada de acuerdo a lo estipulado por las normas legales en actual vigencia”, resalta otra parte de la carta enviada por Quispe al presidente Evo Morales.
El gobierno del presidente Evo Morales decidió el 17 de agosto que el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, sea designado embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. Su nominación llegó a la Cámara de Senadores y vicepresidente Álvaro García Linera dijo que cumple con todos los requisitos para representar al estado plurinacional.
El último cargo que ocupó Llorenti fue el de Ministro de Gobierno hasta 2010. Renunció por la presión social causada por los hechos de septiembre de 2011 en la localidad de Chaparina, cuando un contingente policial intervino violentamente una marcha de indígenas que protestaban por la intención gubernamental en construir una carretera que iba a atravesar la reserva forestal del TIPNIS, donde ellos habitan. Se le inició un proceso pero la Fiscalía decidió aparatarlo del caso al no encontrar materia justiciable.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió que la separación del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, del caso de la represión en Chaparina, decidida por la Fiscalía, dará lugar a la impunidad y demandó que el ex ministro asuma la responsabilidad sobre este caso. Sin embargo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) afirmó el lunes que el nominado no tiene impedimento moral para ejercer cualquier cargo público.
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