La Paz, 23 de Nov. (Boliviapress).- El ex ministro de Gobierno Sacha Llorentí dio la orden para la violenta intervención de la Policía a los marchistas que se dirigían a La Paz en defensa del TIPNIS, según concluye el "Informe defensorial respecto a la violación de los Derechos Humanos en la marcha indígena" de la Defensoría del Pueblo después de dos meses de investigación.
"Según lo informado oficialmente por el Gral. Oscar Muñoz Colodro, la Policía Boliviana intervino en el operativo cumpliendo órdenes de sus niveles superiores, vale decir del Comandante General de la Policía Boliviana, Gral. Jorge Santiesteban Claure y del Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Asimismo, dichas instrucciones fueron presentadas y coordinadas por el Viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán Farjat, y que las mismas fueron ejecutadas por una orden superior impartida directamente desde La Paz", indica una de las conclusiones del informe.
Asimismo, detalla que, según el informe del ex Viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán Farjat, "el ex Ministro de Gobierno, Sacha Sergio Llorenti Soliz, instruyó intervenir la marcha al amanecer del domingo 25 de septiembre de 2011, para proceder luego a la evacuación de los indígenas, devolviéndolos a sus comunidades".
"Decimos que hubo incumplimiento de obligaciones y responsabilidades empezando por el ministro de Gobierno Sacha Llorenti Solíz que habría decidido que se intervenga la marcha y habría ordenado la realización de los actos preparatorios para su ejecución, según testimonio de Marfos Farfán", dijo Villena en conferencia de prensa.
Por otra parte, el informe revela que para el operativo se realizó la contratación de buses de transporte público y se adquirió 1.000 litros de combustible, 12.000 litros de agua y 10 docenas de cita adhesiva.
Respecto a los datos acopiados del informe policial se indica que "los efectivos involucrados en los sucesos del 25 de septiembre del año en curso, actuaron en el cumplimiento de sus deberes protegiendo a todas las personas en el área de operaciones, en especial a la población vulnerable, de tal manera que no existió cerco policial, ni se impidió el acceso al agua", se lee en el informe defensorial.
También afirma que la intervención fue realizada para resguardar "la seguridad física, los derechos humanos y la vida de todas las personas involucradas en el conflicto y para que los marchistas, retornen a sus comunidades de origen (…)". No obstante, este hecho habría provocado "la reacción de los marchistas, quienes protagonizaron un enfrentamiento con los efectivos policiales procediéndose al uso de algunos agentes químicos, para disuadir y dispersar a los agresores indígenas , no hubo personas aprehendidas ni detenidas".
El Defensor informó que los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Gobierno, Wilfredo Chávez, no prestaron colaboración en la investigación defensorial argumentando la presentación de un supuesto informe que a la fecha no fue remitido a la Defensoría del Pueblo.
Por otra parte, Villena reconoció que el Fiscal General del Estado Plurinacional, Mario Uribe, atendió los requerimientos de informes, enfatizando que desde esa institución no se emitió ningún requerimiento o comunicación alguna para proceder a la intervención de la marcha indígena. Pero el informe defensorial indica que su representante en La Paz, la Fiscal de Distrito, Dra. Betty Yañiquez , dilato la investigación y tuvo por objeto ignorar su deber constitucional de colaboración a las investigaciones.
Los Tiempos
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